viernes, 2 de febrero de 2018

INSTITUCIONES SE UNEN PARA OPTIMIZAR EXPEDIENTE DE LA PTAR PARA SULLANA

        El alcalde de la provincia de Sullana, presidió este miércoles la reunión interinstitucional con miras a avanzar con la revisión y optimización del expediente técnico del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), que permita poner fin al vertimiento de los desagües al río Chira. El proyecto también considera el cambio de redes de alcantarillado.
En esta reunión participaron especialistas del Centro de Atención al Ciudadano (CAC Piura) del Programa Nacional de Saneamiento Urbano del ministerio de Vivienda, EPS Grau, consorcio PTAR y funcionarios de la Municipalidad de Sullana.
“El equipo ha recibo el encargo del ministerio de Vivienda de monitorear y gestionar lo que es el cierre del proyecto del expediente técnico. Tenemos un plazo de 45 días para tener un expediente en condiciones que permita una ejecución rápida, limpia, sin problemas, asegurando la calidad y sostenibilidad del proyecto”, aseguró el Ing. Javier Vásquez Exebio, coordinador CAC Piura.

Asimismo, los especialistas de las instituciones involucradas realizaron un recorrido en campo para verificar por donde se ha proyectado el paso de los colectores hacía la planta que procesará las aguas de los desagües.
El consultor encargado de elaborar el expediente técnico, sostiene que la ribera del río Chira es una zona vulnerable, por lo que recomendó cambiar el trazo. Esta posición fue explicada en campo con los representantes del ministerio de Vivienda y de la EPS Grau.
En el plazo de 45 días propuestos, la Municipalidad de Sullana también debe garantizar la disponibilidad de los terrenos donde se construirá la PTAR (a inmediaciones del fundo La Capilla, en la ribera del río Chira). Al respecto el alcalde Carlos Távara precisó que dicho terreno han sido comprado por la Municipalidad y se cuenta con el respectivo título de propiedad.
En tanto, el procurador municipal, abogado Edson Montalbán, indicó que si bien el terreno ha sido invadido, se coordina con la Policía Nacional para el desalojo de acuerdo a ley, más aun tratándose de un predio designado para un proyecto declarado de necesidad pública. Esta decisión fue respaldada por vecinos y dirigentes representantes de la sociedad civil.

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